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Antecedentes jurídicos.-

En el real decreto 2877/1982 se recogió expresamente la Vivienda Turística Vacacional:  "como cualquier vivienda que con independencia de sus condiciones de mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, se ofrezcan en régimen de alquiler por motivos vacacionales y turísticos". Para realizar esta actividad bastaba con comunicarlo al Cabildo Insular correspondiente. 

El artículo 148.1.18° de la Constitución Española concede a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir competencias en materia de turismo. La Comunidad Autónoma de Canarias hace suya esta concesión, a través del artículo 30.21 del Estatuto de Autonomía, al señalar que la comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de turismo.

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, viene a regular la competencia asumida por el artículo 30.21 del Estatuto de autonomía de Canarias en materia de turismo, teniendo dicha Ley como objetivo ser la base de la que emane toda la producción normativa en materia de turismo de Canarias.

El posterior decreto 142/2010 vuelve a especificar con más detalles otras modalidades alojativas que se recogían con carácter general en la Ley/1995 de Turismo, pero la Vivienda Turística Vacacional queda a partir de este instante proscrita del ordenamiento canario, después de 28 años de funcionamiento.

Consecuencias.-

En teoría, tras esta eliminación, aquellas viviendas que deseaban dedicar sus viviendas al alquiler turístico podían acogersea lo establecido en la LAU en su artículo 5º letra "e", dedicado a los alquileres temporales y distintos fines, entre ellos, el vacacional. 

En la práctica, supuso el inicio de las inspecciones de la Consejería de Turismo del Gobierno Canario, puesto que como se ha dicho, este poder no reconoce la normativa estatal al tener las competencias turísticas transferidas.

Jurídicamente la licencia turística no se puede requerir (según la directiva europea Bolkestein y sentencias del Tribunal Supremo Canario) por eso las multas son debidas a la carencia de Libro de Visitas y Hojas de Reclamaciones que a su vez no son facilitadas por el organismo competente pero que utiliza esta excusa para sancionar. La vía judicial para recurrir estas sanciones son largas, costosas y de gran desgaste. Hay sentencias para todos los gustos y sanciones a unos 7.500 propietarios.

La "puntilla" a la actividad de la Vivienda Vacacional se produjo cuando la propia LAU sufrió una modificación en Junio del 2013, y deja en manos de las CCAA la regulación sectorial de estas viviendas en sus respectivas leyes de ordenamiento turístico.

Antecedentes

Actuaciones de Ascav

Tras varias movilizaciones, recogidas de firmas, apoyos institucionales, reuniones con el Gobierno Autonómico, y mucho más, el ex Presidente del ejecutivo canario, D. Paulino Rivero se reunió con nuestra Asociación y se comprometió formalmente a desarrollar un borrador normativo para acoger las Viviendas Vacacionales. En dicha reunión,  solicitamos además el cese inmediato de las sanciones. 

Posteriormente mantuvimos tres reuniones con el Viceconsejero de Turismo, donde nos presentó su propuesta de regulación con la que no estuvimos de acuerdo en varios temas (permiso previo a la Comunidad de Vecinos, prohibición del B&B, casas sin cédula quedan fuera, entre otros). Estas exigencias hubieran provocado que prácticamente el 75% hubiese quedado fuera de la futura normativa.

El Ejecutivo materializó esta propuesta en un proyecto de Decreto (un borrador) el 23 de Diciembre. Una publicación que tuvo su polémica puesto que en la web oficial de la Viceconsejería llegó a cambiar hasta 3 veces el texto sin previo aviso. Algo inaudito.

Indefensiones jurídicas aparte y teniendo que preparar la alegaciones en plenas Navidades, la Asociación Ascav presentó el 13 de Enero de 2015 un pliego de 27 folios con 22 peticiones de modificación al Decreto propuesto y la tramitación de 180 alegaciones presentadas por varias entidades y personas. Un récord al que nuestro Ejecutivo hizo caso omiso.

En los últimos tiempos, hemos procedido a presentar recursos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (junto con otro de la CNMC), ya admitidos a trámite,  ante lo que consideramos un atentado contra el" interés general" de los canarios y la propia libertad de competencia.

Desarrollar informes del sector, presionar mediáticamente, ampararnos en las herramientas jurídicas existentes, así como el intermediar en procesos de negociación empresariales, representar y asesorar en beneficio y defensa directa de los intereses de nuestros socios,  conforman nuestra naturaleza y día a día.

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