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El 28 de Mayo de 2015 se acabó publicando el Decreto 113/2015 en el BOC de Canarias que regula la Vivienda Vacacional.  Este Decreto se ha convertido por méritos propios en uno de los más conflictivos y restrictivos de toda España,  poniendo en peligro a más de 1.300.000 turistas que ya escogían la Vivienda Vacacional como modalidad de alojamiento turístico, así como afectando negativamente la economía de entorno de muchos municipios canarios.

Todavía hoy, nuestros visitantes, así como los propietarios e intermediarios de vivienda en las zonas turísticas, a cuyas dificultades, han de sumarse las propias limitaciones de las corporaciones insulares y municipales.

Entre otras cosas, este "Decretazo" en su Artículo 3.2 excluye a más del 50% de estas viviendas en nuestro territorio, especialmente las ubicadas en las zonas turísticas, a cuyas dificultades, han de sumarse las propias limitaciones de las corporaciones insulares y municipales, lo que lleva a la imposibilidad regulatorias a más del 90% de la Viviendas Vacacionales de Canarias.

Un verdadero "tijeretazo" que ha dejado por tanto vía libre a hoteleros y extra-hoteleros para acaparar casi por completo el turismo que recibimos, proscribe a gran parte del sector que pretendía regular y de paso hará trizas la economía de miles de familias y de pequeñas empresas en Canarias ligadas a esta actividad: bares, restaurantes, comercios, empresas de ocio, alquiler de vehículos, ferreterías, lavanderías...en definitiva negocios locales del entorno.

Aquellas viviendas que no cumplan con los requisitos y no se engloben en los planteamientos territoriales exigidos, independientemente de su duración, NO PUEDEN ALQUILARSE en Canarias con fines turísticos, según nuestro Gobierno Autonómico. Las sanciones por esta acción van desde los 30.001 a 300.000 Euros

Alquilar la vivienda a través de un portal P2P o a través de un intermediador o touroperador turístico con licencia, NO EXIME al propietario de ser igualmente sancionado.

El alquiler de habitaciones (Bed&Breakfast) dentro de una vivienda o incluso de una vivienda anexa independiente pero dentro de la misma finca, tampoco está permitido.

Utilizar un contrato tipo LAU (Ley estatal de Arrendamientos Urbanos) para el mismo fin, no libera a nadie de sufrir una sanción, dado que el Gobierno Regional, estima que tiene transferidas las competencias en materia turística y por tanto atribuciones suficientes para hacer valer el cumplimiento de la normativa en vigor.

La mejor manera de conocer si su vivienda está dentro o fuera de esta regulación, es acudiendo a su Ayuntamiento para que le informe a este respecto o bien solicitar a su Cabildo un Informe de Viabilidad (menos comprometido) antes de presentar formalmente la Comunicación del Inicio de Actividad y Declaración Responsable en su Cabildo.

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