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REFLEXIONES ASCAV

REFLEXIONES ASCAV

NO ES CIERTO QUE LAS VV ESTAN ECHANDO A LOS RESIDENTES

Según algunos, los datos de Ascav no son ciertos y lo veraz es que no los hemos proporcionado nosotros, lo han hecho las Administraciones.

Pongamos las fuentes y que cada cual haga sus valoraciones:

La construcción de Vivienda nueva está prácticamente parada desde la crisis y se han cerrado los créditos hipotecarios a la construcción y particulares. De esto, no hace falta fuente, lo hemos vivido todos y cada uno de nosotros muy de cerca.

Viviendas en Canarias (INE 2011): 1.040.945
Viviendas en Canarias (FOMENTO 2014): 1.046.356

Primera valoración, se construyen 1800 viviendas al año en toda Canarias. Un 0,17% del parque total de Viviendas. Prácticamente ninguna.

Comparamos la influencia de la vivienda vacacional en el mercado inmobiliario según Informe Consejería de Turismo de Canarias año 2015:

Viviendas Vacacionales Canarias (GobCan 2015): 28.188 (2,69% del total de viviendas de Canarias)
VV sobre no principales (GobCan 2015): 28.188 (13,66% de las segundas viviendas)
Viviendas no principales (GobCan 2015): 206.345
Viviendas vacías Canarias (INE 2011): 138.262 (13%)
Viviendas Vacías (Gobcan 2015): 61.051 (5,83%)

Crecimiento de la población en Canarias según Datos del ISTAC 2008-2017

2008 2017 INCREMENTO %
CANARIAS 2.093.092 2.367.510 13,11
TENERIFE 904.529 1.021.684 12,95
GC 839.085 926.981 10,48
LANZAROTE 133.936 164.962 23,16
FTV 94.487 118.574 25,49
LA PALMA 86.899 95.109 9,45
LA GOMERA 23.215 27.340 17,77
EL HIERRO 10.941 12.860 17,54

Seguimos añadiendo datos:

Anteriormente los bancos sacaban a la venta las propiedades embargadas, ahora se dedican a concentrarlas, ya que sacan mayor rentabilidad con los alquileres que con la venta.

“Santander y BBVA ya controlan el 80% de Testa, la mayor socimi de viviendas de alquiler en España” (Fuente: El Economista)

Testa Residencial tiene en cartera más de 8.000 viviendas, lo que eleva su valor hasta 1.740 millones de euros. En este montante se incluye un lote de unas 3.300 casas que los bancos accionistas incorporaron el pasado 7 de marzo. La tasa de ocupación ronda el 92%, lo que permite a la sociedad ingresar cada año unos 56 millones de euros en concepto de rentas.
El objetivo de la compañía es cambiar el modelo de negocio del alquiler en nuestro país y acercarlo a los que existen en otros países europeos donde los arrendamientos están más consolidados. De hecho, el mercado da por sentado que el mercado del alquiler irá a más en los próximos años, de la mano de las demandas residenciales de las nuevas generaciones, y que dejará de ser una alternativa habitacional para convertirse en un negocio real.
La idea de Santander en traspasar entre 4.000 y 6.000 casas, mientras BBVA se plantea hacerlo con 2.500 hogares. Esto supondría un respiro para los balances de los bancos muy ajustados por la situación económica y teniendo que aportar garantías por estos activos que, en muchos casos, se devalúan.
Testa Residencial se ha convertido en uno de los mayores propietarios de viviendas de alquiler profesional de España, con cerca de 12.000 pisos en alquiler, acompañando a Azora del Grupo Hispania como el principal casero nacional.

Cada vez más población en las ciudades y su entorno, pero, en el caso de Canarias, no sólo en las ciudades, veamos por ejemplo Lanzarote:

Según el ISTAC 2012-2016, esta isla ha crecido en estos cuatro años 16.500 personas, más de un 23% y no se ha construido prácticamente nada, como ya hemos podido comprobar.

Pero, ¿qué pasa a nivel nacional?

“Casi la mitad de toda la población de España, el 40%, vivirá en 2030 en 15 grandes ciudades de más de 300.000 habitantes, cuando ese porcentaje en 1950 rondaba el 15,6 por ciento, según datos de la División de Población de las Naciones Unidas. (Fuente: Europa Press)

Entre enero y octubre de 2016 se terminó la construcción en España de 32.740 viviendas, lo que supone una caída del 12,5% en comparación con el mismo periodo de 2015, según datos del Ministerio de Fomento.

Unido a estos números nos encontramos con el hecho que, la prohibición de la VV por parte del Gobierno de Canarias en zonas turísticas y las zonas rurales, obliga a los turistas que desean una VV a concentrarse “sólo en las zonas residenciales”. Como nos hemos cansado de decir, ¿cómo es posible que una modalidad de alojamiento turístico esté prohibido en zonas turísticas?

Desde nuestra postura, una concentración que consideramos errónea. ¿No es más conveniente distribuir por todo el territorio y eliminar absurdas restricciones que saturar? El tema es muy sencillo y es lo que llevamos pidiendo desde el año 2014, regulación coherente y justa.

Con estos datos, la estrategia mediática que se está utilizando es clara. La demonización de la VV interesa precisamente a aquellos que pretenden seguir beneficiándose monopolísticamente del sector turístico con precariedad salarial, así como aquellos que sacan tajada de la deficiente construcción de vivienda nueva, la necesidad de viviendas de alquiler propiciado por las limitaciones de los créditos hipotecarios y a la construcción, así como la concentración de propiedades en manos bancarias y crecimiento de la población en zonas residenciales.

Los protagonistas son los mismos que un día concedían créditos hipotecarios a destajo "sin control" y que unos años más tarde se quedaron con nuestras propiedades o aquellos empresarios sin escrúpulos que explotan a los trabajadores con sueldos míseros bajo pasividad total de las Administraciones, mientras tienen la "cara" de responsabilizar al que lo ha pasado "canuta" durante estos duros años para conservar su propiedad con sudor y lágrimas. Pero, lo más cobarde aún es que encima mandan al vecino fácilmente manipulable a incordiar.

Más números que secundan nuestras afirmaciones:

Los sueldos en Canarias, los más bajos de toda España:

“El Archipiélago presenta el valor promedio más reducido de toda España, con 17,42 euros/hora al cierre de 2016 (Fuente: eldiario.es)”

“El coste del empleo en la hostelería sigue siendo el más bajo en toda España, con 1.615 euros por mes; le sigue el de otros servicios, con 1.763 (Fuente: eldiario.es)”

¿A quién se pretende engañar? Sumemos y restemos.

Si las viviendas vacacionales que son 28.188 en Canarias y representan entorno al 14% de las segundas viviendas y el 2,69% de las viviendas totales existentes en Canarias y la población en las islas crece más de un 13% y la construcción nueva se reduce a nivel nacional un 13% y en Canarias sólo se realizan un 0,17% de viviendas anuales (practicamente nada) con respecto a las viviendas totales existentes, al tiempo que los bancos concentran inmuebles y los salarios son precarios ¿somos el problema? Blanco y en botella, los números son muy claros y hablan por sí mismos.

Pero, esto no acaba aquí:

A la falta de stock de vivienda existente se suma una demanda creciente. Además de la gente que decide voluntariamente optar por vivir de alquiler, también hay una demanda forzada, personas que podrían pagar una cuota hipotecaria mensual similar o incluso inferior a un alquiler, pero que no tienen capacidad de ahorro dada la precariedad en Canarias de los salarios. “Sin tener ahorrado en torno al 20% del precio, además del 10% de los gastos de compraventa, el banco probablemente no les dará el préstamo y tendrán que ir al mercado del alquiler”

Cuando ya no quedan recursos y hay que rendirse a las evidencias de lo ventajoso de la VV para los ciudadanos y el futuro económico y turístico de las islas, es muy triste que se recurran a estas artimañas de "demonización social", que únicamente esconden los oscuros intereses de lucro de unos pocos, aprovechándose de las limitaciones de la sociedad canaria amparados por un Ejecutivo que ha eludido sistemáticamente sus responsabilidades haciendo oídos sordos a una previsión de todos sobradamente conocida y dar la espalda una y otra vez a los intereses de la ciudadanía que ha jurado defender.

El cabeza de turco, como no podía ser de otra forma "la misma ciudadanía". La estrategia: que sea la propia "ciudadanía" la que ataque, mientras tanto, algunos se ríen en sus "castillos". Resulta patético.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha puesto hoy a disposición del Gobierno canario para lograr una regulación "más eficiente" al alquiler vacacional al anular el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) varios preceptos del decreto regulador.

En un comunicado, la CNMC ofrece su colaboración para que se pueda lograr un reglamento con un "adecuado cumplimiento de los principios y libertades que a todos nos protegen", tras estimar "sustancialmente" el TSJC el recurso que interpuso en noviembre de 2015, contra el Decreto 113/2015, de 22 de mayo.

La CNMC considera que, de acuerdo con la normativa de promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, este decreto introducía numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, en perjuicio del bienestar del ciudadano.

Entre los más importantes, el decreto del Gobierno de Canarias impedía que las viviendas vacacionales se establecieran en zonas turísticas.

Además, las excluía de las zonas donde se localizan los hoteles y los apartamentos, prohibía el alquiler de habitaciones de forma separada y exigía, para poder ofrecer un alojamiento de este tipo, una declaración responsable supeditada a la inscripción en un registro.

Recuerda que con el fin de mejorar la normativa y evitar la interposición del recurso, la CNMC ofreció la "máxima colaboración" a este respecto y requirió el 23 de julio de 2015 al Ejecutivo canario que suprimiera o modificara artículos concretos que restringían la competencia en el sector de los servicios de alojamiento.

Ante su negativa, la CNMC interpuso en el mes de noviembre de 2015 el recurso contencioso-administrativo ante el TSJC para reclamar la anulación de diversos preceptos del reglamento por constituir restricciones contrarias a la normativa de promoción de la competencia efectiva.

Añade que el recurso se acompañó de un informe económico en el que se analizaron los efectos y la falta de justificación de esta regulación restrictiva y mostraba cómo la entrada en el mercado de las viviendas vacacionales estaba dinamizando el alojamiento turístico en Canarias de forma considerable, con una mayor variedad en la oferta, precios más eficientes y mejor calidad en los servicios.

La sentencia del TSJC que anula varios preceptos del decreto se produce en respuesta al recurso presentado por la CNMC, así como por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (Fevitur), si bien aún el tribunal deberá pronunciarse sobre otros cuatro recursos pendientes de resolución.

RECLAMA QUE NO SE DEMORE MÁS EL INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES

El PP exige al Gobierno canario que cumpla la sentencia sobre el alquiler vacacional

Considera que el fallo supone “un varapalo judicial" al Ejecutivo regional, al "desarmar el núcleo del decreto aprobado con nocturnidad y alevosía por parte de CC y PSOE"

La diputada del Grupo Popular del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, exigirá al Gobierno de Canarias en el próximo pleno la “modificación inmediata” del decreto del alquiler vacacional, tras haber sido anulado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Astrid Pérez señaló que la sentencia TSJC supone “un varapalo judicial al Gobierno de Canarias, al desarmar el núcleo del decreto del alquiler vacacional aprobado con nocturnidad y alevosía por parte del gobierno de CC y PSOE en la pasada legislatura, apenas 15 días antes de celebrarse las elecciones autonómicas”.

“El presidente Clavijo y Coalición Canaria deberían dejar de pensar en seguir mareando la perdiz y empezar a trabajar a favor de los intereses generales del sector, adaptando la regulación del alquiler vacacional a la situación que rige en todos los mercados turísticamente desarrollados”, sostiene la diputada lanzaroteña.

"Satisfacción" por la sentencia


Además, Pérez ha mostrado su "satisfacción" por “una sentencia que avala las tesis que el Partido Popular de Canarias ha mantenido desde el minuto uno, por la arbitrariedad del Decreto” que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago. 

Astrid Pérez recordó que a principios de 2016 los socios del gobierno, CC y PSOE, rechazaron una PNL en la que,según defiende, "los puntos a modificar coincidían casi al 100% con la sentencia del TSJC". “En esa iniciativa pedíamos que se incorporara en la modificación de la norma la regulación de las viviendas vacacionales por su condición de viviendas y no en función del tipo de suelos o planes urbanísticos y la inclusión del “Bed&Breakfast” (alquiler de habitaciones) como una modalidad más de alojamiento turístico”, recuerda Ástrid Pérez.

La diputada del PP por Lanzarote recordó al Gobierno de Canarias y al partido que lo apoya “que en estos momentos están en minoría”, y que el PP “buscará sumar voluntades políticas en la Cámara con el fin de que no se siga frenando la modificación de la regulación del alquiler vacacional”.

“Procuraremos impedir que se mantenga una norma que obstaculiza la readaptación del modelo de desarrollo turístico, amenaza la libertad de empresa y causa enormes perjuicios a miles de familias canarias que se ganan la vida con el alquiler vacacional”, finalizó la parlamentaria popular.

Es una gran sentencia, ahora hay que analizarla y esperar a que sea firme. Estamos a la espera de la resolución del resto de recursos, entre ellos, el nuestro que era mucho más amplio.

Muchas son las llamadas que recibimos ¿entonces ya puedo? ¿desde mañana mismo?

No, aún no. Tiene que ejecutarse y luego ver las líneas que se abordarán desde el Ejecutivo. 

WE HAVE WON THE FIRST BATTLE!

THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE OF THE CANARY ISLANDS OVERTURNS
THE HOLIDAY RENTAL DECREE

The first K.O. has been delivered to the Government of the Canary Islands. The first of five sentences against the Holiday Rental Decree have just been issued. THANKS TO THE UNITED SUPPORT OF HUNDREDS OF PROPERTY OWNERS LIKE YOU, THE GOVERNMENT OF THE CANARY ISLANDS AND THE LOBBY HOTEL, HAS BEEN BEATEN.

The sentence is clear:

YES TO HOLIDAY RENTALS IN TOURIST AREAS!

ASCAV has firmly stated since the beginning of the regulation: "The Holiday Rental Decree only serves the interests of a specific hotel lobby, handicapping the interests not only of thousands of local families and private residents, but also of the local economy, as denounced last March 29, 2017 by the Federation of Autonomous Workers of the Canary Islands, Federation of Business and Commercial Development of the Canary Islands, Board of Finca Administrators of Tenerife, etc.

The content of the ruling could not be more devastating: the Superior Court itself deems the arguments of the Government of the Canary Islands to exclude Holiday Rental homes from tourist areas to be an authentic "fallacy", adding that "the only plausible explanation for this exclusion is that it is to favor the traditional tourism model, primarily located in these tourist areas, thereby violating free competition in the provision of services."

YES TO BED & BREAKFAST!

The Superior Court considers the prohibition of Bed & Breakfast (renting of rooms by private individuals, hostels, surf camps etc.) as "unjustified" because "there is no reason to require a client who only wants to hire a room to stay in, to assume the cost of the rental of the entire house, if the owner wishes to offer this service. The regulation clearly seeks to prevent the inclusion of a product on the market, that for its reduced price competes with the offer of hotel accommodation, which hinders free competition.

Equally it is an achievement that the Government of the Canary Islands has been condemned to pay the court costs, since "the claims have been estimated to be substantial"; spending public money of all residents despite the repeated arguments made by ASCAV.

However, we will remain prudent, we won the first battle, but not the war, since the sentence is not yet final and the Canary Government can appeal to the Supreme Court. In this respect, the question is: Will the Government of the Canary Islands continue to squander public funds of the Canary Islands to benefit a sector of a particular hotel lobby by recourse to the Decree, will they once and for all will allow all who call the Canry Islands home to benefit from tourism?

It is estimated that after this ruling, the legal appeals presented by the National Commission on Markets and Competition (CNMC) and FEVITUR, as well as ours will be announced in the coming days and we will inform you immediately.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS TUMBA EL DECRETO DEL ALQUILER VACACIONAL

Ya se ha dictado la primera de las cinco sentencias pendientes respecto al Decreto que aprueba el Reglamento de las Viviendas Vacacionales en Canarias, cuyo resultado no puede ser más contundente.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de marzo de 2017 anula principalmente los puntos críticos del Decreto 113/2015 relativos a la prohibición de las viviendas vacacionales en zonas turísticas y la prohibición del Bed & Breakfast.

ASCAV lo venía denunciando desde la misma entrada en vigor de la norma: “El Decreto del Alquiler Vacacional obedece única y exclusivamente a satisfacer las exigencias de una patronal hotelera específica, perjudicando los intereses no solo de miles de canarios y residentes particulares, sino también de la economía local, como denunciaron el pasado 29 de marzo de 2017 la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife, etc.”

El contenido de la sentencia no puede ser más demoledor: el propio TSJ califica de auténtica “falacia” los argumentos del Gobierno de Canarias para excluir las viviendas vacacionales de las zonas turísticas, añadiendo que “la única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios.”

El TSJ entiende “injustificada” la prohibición del Bed & Breakfast (alquiler de habitaciones por particulares, hostels, surf camps etc.) pues “no hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse, asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda, si el propietario desea ofrecerle este servicio. La norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta del alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre competencia”.

Igualmente es significativo que la sentencia haya condenado en costas al Gobierno de Canarias, toda vez que “las pretensiones han sido estimadas en lo sustancial”; costando dinero público a todos los canarios pese a los reiterados argumentos aportados por ASCAV (incluido informe jurídico de la ULPGC incluido)

No obstante, ASCAV mantiene la prudencia toda vez que la sentencia aún no es firme, pues el Gobierno de Canarias puede interponer recurso ante el Tribunal Supremo. A este respecto, la cuestión es: ¿El Gobierno de Canarias va a continuar dilapidando fondos públicos de todos los canarios para beneficiar a un sector de un lobby hotelero concreto recurriendo el Decreto, o de una vez por todas va a permitir que todos los canarios se beneficien del turismo?

Se estima que tras esta sentencia que resuelve los recursos presentados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y FEVITUR, en los próximos días sea dictada la sentencia ante el recurso presentado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV.

Dos asociaciones de Baleares y Canarias se unen para conseguir una regulación "justa" del alquiler vacacional

  • La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se han "unido en la lucha" para conseguir una regulación "justa" del alquiler vacacional..

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se han "unido en la lucha" para conseguir una regulación "justa" del alquiler vacacional.

Según ha informado Aptur en un comunicado ambos archipiélagos tienen "restricciones no justificadas que se traducen en una práctica prohibición a la vivienda vacacional, que limita no sólo el derecho a la propiedad, sino también el derecho al libre servicio".

Por ello, ambas entidades han solicitado un audiencia con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián.

En Baleares, el borrador de anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Turismo establece "techos, zonificaciones y requisitos de difícil cumplimiento para legalizar la vivienda vacacional en general", han comentado.

Además, establece también licencias de cinco años, revisables en cualquier momento, para viviendas a edificios plurifamiliars, generando inseguridad jurídica y requisitos de aprobación previa por parte de las comunidades de propietarios, "invadiendo competencias estatales y contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal".

En Canarias el alquiler vacacional está regulado por el decreto 113/2015 de 22 de mayo, que, según Ascav, no se ajusta al compromiso del Gobierno de Canarias de llevar todas las viviendas vacacionales de la situación de alegalidad a la de legalidad.

"El decreto vulnera principios como la libertad de competencia o el derecho al libre uso de la propiedad, y ha generado un caos normativo e inseguridad jurídica", han explicado.

ASCAV y APTUR-Baleares serán tenidas en cuenta a nivel Estatal a la hora de regular el Alquiler Vacacional

La Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, se ha comprometido hoy ante las asociaciones APTUR-Balears y Ascav de Canarias a mediar en las regulaciones autonómicas del alquiler vacacional, para que estas sean transparentes y permitan una mayor seguridad para los propietarios, los usuarios y el resto de ciudadanos.

La reunión entre la Secretaria de Estado de Turismo y las asociaciones de referencia del alquiler vacacional de Baleares y Canarias ha tenido lugar en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife). En ella, Dña. Matilde Asián ha reconocido a las dos asociaciones como interlocutoras y como entidades plenamente capacitadas para promover una nueva regulación del alquiler vacacional. La Secretaria de Estado de Turismo considera que el alquiler vacacional es transversal y positivo a todos los niveles, y por ello asegura que se tendría que garantizar una seguridad jurídica que actúe en varios niveles.

Por un lado, según Matilde Asián, la regulación del alquiler vacacional debe garantizar la transparencia fiscal. Por otro, debe dar seguridad a los consumidores, de manera que se vea garantizada la calidad del producto y que los usuarios del alquiler vacacional dispongan de los mismos derechos que los consumidores de otros productos turísticos. Finalmente, la Secretaria de Estado de Turismo ha destacado la importancia de que la regulación garantice la seguridad nacional y que haya registros de usuarios a disposición de los controles policiales.

La competencia de regulación del alquiler turístico corresponde a las comunidades autónomas. En el caso de Baleares, está sobre la mesa el borrador del anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Turismo, que establece techos, zonificaciones y requisitos de difícil cumplimiento para la legalización de la vivienda vacacional en general, así como licencias de cinco años, revisables en cualquier momento, para viviendas en edificios plurifamiliares, generando inseguridad jurídica. El borrador, además, establece requisitos de aprobación previa por parte de las comunidades de propietarios de las viviendas plurifamiliares, invadiendo competencias estatales y contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal.

En Canarias el alquiler vacacional está regulado por el Decreto 113/2015 de 22 de mayo. Según ASCAV, este decreto no se ajusta al compromiso del gobierno de Canarias de llevar a todas las viviendas vacacionales de la situación de ilegalidad a la de legalidad. El decreto vulnera principios como la libre competencia o el derecho a libre uso de la propiedad, y ha generado un caos normativo e inseguridad jurídica.

RESPALDO UNÁNIME EN RUEDA PRENSA CONJUNTA ORGANIZADA POR ASCAV. GRACIAS A LOS MEDIOS Y A TODOS POR SUS MANIFIESTOS Y APOYOS.

El 29 de marzo de 2017 a las 10.00 h tuvo lugar en la Sede Central de Cajasiete de la capital tinerfeña una multitudinaria rueda de prensa de los siguientes colectivos para instar al Gobierno de Canarias la modificación urgente del Decreto que ha de regular la Vivienda Vacacional en Canarias: 
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE CANARIAS PROFESOR TITULAR DE MÁRQUETING DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE TENERIFE INVERSORES EXTRANJEROS EL GRUPO DE GOBIERNO DEL PP ARQUITECTO URBANISTA 
Todos estos colectivos han clamado unánimemente con ASCAV la necesidad de un marco normativo que proporcione seguridad jurídica a los más de 3,5 millones de turistas que eligen esta modalidad de alojamiento, así como a propietarios e intermediarios de una actividad que tiene un impacto económico en las islas de más de 1.500 millones de euros y que fiscalmente recauda más de 100 millones de euros solamente por impuestos indirectos.
Asimismo, instan al Gobierno de Canarias a eliminar las restricciones en las interpretaciones del actual Decreto por parte de las Administraciones regionales y locales que suponen un claro bloqueo a las viviendas en zonas rurales cuyo carácter residencial y situación legal ha sido reconocida por las corporaciones municipales.

Como titulares se destacan los siguientes argumentos por los diferentes colectivos:

El Presidente de la Asociación de empresarios de Adeje AEPACA, D. Jordi Esplugas: “Las Pymes no podemos prescindir de los usuarios del Alquiler Vacacional”.

D. Antonio Luis González Nuñez, Secretario General de la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias: “El alquiler vacacional crea empleo, riqueza y regulado paga sus impuestos”.

D. Victor Sánchez Cruz Sánchez, Vicepresidente de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias FDEC: “El Alquiler Vacacional genera enriquecimiento para las pymes, crea riqueza y puestos de trabajo. Apoyamos la legalización de las Viviendas Vacacionales y pago de impuestos”.

D. Ricardo Díaz Armas, Profesor titular de Marketing de la ULL: “Está surgiendo una modalidad híbrida a raíz del actual Decreto que regula la Vivienda Vacacional en Canarias que es perjudicial y peligrosa para el destino y que nada tiene que ver con el alquiler vacacional”.

D. Juan José Setién Urrea, representante del Colegio de Administradores de Fincas: “Llevamos tiempo apoyando una normativa que no bloquee una actividad que siempre ha existido en Canarias”.

Dña Cristina Tavío en representación del Grupo Parlamentario Popular, como única representante política que ha dado respuesta a la invitación de Ascav para participar y expresarse de manera abierta ha resaltado: “En acuerdo con lo transmitido con nuestra Secretaria de Estado de Turismo en días pasados y en representación del Grupo Popular, nos mantenemos firmes en nuestra postura de instar al Gobierno de Canarias a la modificación de un Decreto que limita una actividad cuyos efectos positivos para la sociedad canaria son más que evidentes. Hay que legislar para tener garantías de una oferta turística de calidad”.

D. Ismaele Umberto de Nuho, Abogado y representante de inversores extranjeros: “La modificación del Decreto, eliminaría la incertidumbre y situación de inseguridad a la que se enfrentan los inversores, reforzando sus intenciones. La vivienda vacacional está incorporada a todos los efectos dentro de las economías locales y su efecto constructivo está más que demostrado. Es cuestión de sentido común”.

A parte de las entidades presentes, ASCAV ha recaudado en 15 días más de 200 manifiestos firmados por todo tipo de entidades, como asociaciones y federaciones empresariales, y medianas empresas, hoteleros, como profesionales autónomos con las mismas reivindicaciones y fundamentos y que fueron aportadas tras la rueda de prensa en la Sede de Presidencia del Gobierno de Canarias por registro de entrada.

 

Más de 200 colectivos conformados por asociaciones y federaciones empresariales, medianas empresas, hoteleros y profesionales autónomos se han unido a las reivindicaciones de Ascav y exigen al Gobierno de Canarias que dote de "seguridad jurídica" al alquiler vacacional.

En rueda de prensa, han instado también al Ejecutivo regional a eliminar las restricciones del actual decreto, que suponen un "claro bloqueo" a las viviendas en zonas rurales cuyo carácter residencial y situación legal ha sido reconocida por las corporaciones municipales.

Más de 3,5 millones de turistas eligen esta modalidad de alojamiento en Canarias, que tiene un impacto económico en las islas de más de 1.500 millones de euros y fiscalmente recauda más de 100 millones de euros solamente por impuestos indirectos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Adeje, Jordi Esplugas, ha dicho que las pymes no pueden "prescindir" de los usuarios del alquiler vacacional, un sector que, a juicio de Antonio Luis González, secretario general de la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias "crea empleo, riqueza y regulado paga sus impuestos".

INCERTIDUMBRE ENTRE INVERSORES EXTRANJEROS

Ricardo Díaz, profesor de Marketing de la Cátedra de Turismo de la ULL, ha apuntado que está surgiendo una "modalidad híbrida" a raíz del decreto de la Vivienda Vacacional que "es perjudicial y peligrosa para el destino y que nada tiene que ver con el alquiler vacacional", mientras que Ismaele Umberto de Nuho, abogado y representante de inversores extranjeros, ha remarcado que la modificación del decreto "eliminaría la incertidumbre y situación de inseguridad a la que se enfrentan los inversores".

La diputada del Grupo Popular, Cristina Tavío, --única representante política que asistió a la convocatoria--, ha señalado que en el PP se mantienen "firmes" en su postura de instar al Gobierno de Canarias a la modificación de un decreto "que limita una actividad cuyos efectos positivos para la sociedad canaria son más que evidentes, hay que legislar para tener garantías de una oferta turística de calidad".

 
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