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MÁS DE 200 COLECTIVOS PIDEN SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA VIVIENDA VACACIONAL EN CANARIAS

Más de 200 colectivos conformados por asociaciones y federaciones empresariales, medianas empresas, hoteleros y profesionales autónomos se han unido a las reivindicaciones de Ascav y exigen al Gobierno de Canarias que dote de "seguridad jurídica" al alquiler vacacional.

En rueda de prensa, han instado también al Ejecutivo regional a eliminar las restricciones del actual decreto, que suponen un "claro bloqueo" a las viviendas en zonas rurales cuyo carácter residencial y situación legal ha sido reconocida por las corporaciones municipales.

Más de 3,5 millones de turistas eligen esta modalidad de alojamiento en Canarias, que tiene un impacto económico en las islas de más de 1.500 millones de euros y fiscalmente recauda más de 100 millones de euros solamente por impuestos indirectos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Adeje, Jordi Esplugas, ha dicho que las pymes no pueden "prescindir" de los usuarios del alquiler vacacional, un sector que, a juicio de Antonio Luis González, secretario general de la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias "crea empleo, riqueza y regulado paga sus impuestos".

INCERTIDUMBRE ENTRE INVERSORES EXTRANJEROS

Ricardo Díaz, profesor de Marketing de la Cátedra de Turismo de la ULL, ha apuntado que está surgiendo una "modalidad híbrida" a raíz del decreto de la Vivienda Vacacional que "es perjudicial y peligrosa para el destino y que nada tiene que ver con el alquiler vacacional", mientras que Ismaele Umberto de Nuho, abogado y representante de inversores extranjeros, ha remarcado que la modificación del decreto "eliminaría la incertidumbre y situación de inseguridad a la que se enfrentan los inversores".

La diputada del Grupo Popular, Cristina Tavío, --única representante política que asistió a la convocatoria--, ha señalado que en el PP se mantienen "firmes" en su postura de instar al Gobierno de Canarias a la modificación de un decreto "que limita una actividad cuyos efectos positivos para la sociedad canaria son más que evidentes, hay que legislar para tener garantías de una oferta turística de calidad".

 
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